La Corte Suprema lo había dispuesto el pasado 16 de julio, mediante el dictado de la resolución Nº1609/2025, a fin de dar cumplimiento a la Acordada 8/2017, en la que el Máximo Tribunal había decidido dejar sin efecto la cesión del uso de ese espacio al Servicio Penitenciario Federal.

El adecuado funcionamiento del sistema penitenciario exige que los lugares de detención cuenten con condiciones materiales compatibles con estándares mínimos de habitabilidad, higiene y seguridad. Por otra parte, la utilización prolongada de espacios judiciales con fines de alojamiento penitenciario transitorio no resulta compatible con una organización institucional respetuosa de las funciones propias de cada poder del Estado.

Es imperiosa la necesidad de readecuar la capacidad del sistema carcelario nacional, que desde hace años enfrenta problemas estructurales respecto de la superpoblación y las condiciones de detención.

En un contexto en el que se discuten proyectos que amplían el catálogo de conductas penales o agravan penas, resulta imprescindible que el Estado Nacional adopte medidas concretas sobre la capacidad de alojamiento de las personas privadas de libertad, compatibles con el respeto de los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.

El Colegio Público de la Abogacía reitera su compromiso con un sistema penal que conjugue el respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales, con políticas públicas que prioricen soluciones eficaces y humanas frente a la delincuencia y no se limiten a respuestas punitivas que, sin la debida planificación y recursos, generan más problemas que soluciones.