El titular del Colegio Público, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que “el presidente de la República está incumpliendo el mandato que le confiere la Constitución en el artículo 99, inciso 4”. El mismo impone al PE el deber de proponer los candidatos a jueces, con acuerdo del Senado, para garantizar el funcionamiento pleno del Poder Judicial.

El texto señala la grave afectación institucional que provoca la falta de cobertura de cargos judiciales vacantes, que ya alcanza a más de un tercio de los tribunales del país. Esta situación genera demoras en los procesos, afecta el acceso a la justicia de la ciudadanía y compromete la seguridad jurídica, pilares esenciales del Estado de Derecho.

Asimismo, las entidades firmantes subrayaron que la parálisis en los nombramientos perjudica de manera directa a los abogados y abogadas, a los justiciables y al conjunto de la sociedad, ya que la falta de jueces designados impide la normal tramitación de causas y la emisión oportuna de sentencias.

Con esta presentación, las instituciones representativas de la abogacía reafirmaron su compromiso en defensa de la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial y el cumplimiento efectivo de las obligaciones constitucionales que garantizan la República.