Este decreto excede lo autorizado por la ley 27.742 pues no se trata solo de una reorganización administrativa, sino que se amplían las facultades a la Policía Federal para detener y requisar a personas sin orden judicial  de modo genérico y discrecional. Además autoriza una suerte de pesquisa en las redes sociales sin precisar sus alcances.

Es imperioso  que siempre se tenga presente que una restricción de derechos debe hacerse a través del dictado de una ley aprobada por el Congreso, con control judicial suficiente. 

Nuestra historia registra muy claras evidencias de que los mandatos a las fuerzas de seguridad deben ser claros, concretos y estrictos, ya que de lo contrario, en la práctica, suelen cometerse excesos, abusos y arbitrariedades. No podemos retroceder en el goce de nuestros derechos y garantías. Mucha sangre ha costado alcanzar los beneficios de una democracia constitucional.