El Gobierno nacional resolvió impulsar nuevamente medidas que restringen nuestras incumbencias. Inmediatamente nos opusimos, como lo hemos hecho con anterioridad. Creemos firmemente que, además de estar técnicamente mal, el proyecto de divorcios administrativos pone en serio riesgo los derechos de los/as justiciables, pues se presta al abuso de la parte más fuerte de la relación matrimonial.

Estamos en contacto permanente con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y con muchos colegios del interior para librar las batallas que hagan falta, en todos los frentes. No tengan la menor duda de que vamos a seguir defendiendo a la abogacía.

El Colegio tuvo un importante triunfo en una demanda iniciada hace unos años. Conforme a una decisión previa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró la inconstitucionalidad del DNU n° 157/2018 que modificaba la ley de honorarios profesionales en las causas sobre Seguridad Social y de materia previsional en cuanto al modo de distribución de las costas, y en las causas de instancia administrativa o judicial reguladas por la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo 27.348.

También nos pronunciamos respecto al Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y la Ventanilla Única Federal, ante la amenaza de una posible reestructuración. Rechazamos con firmeza toda iniciativa en esa dirección, y volvimos a apelar a la cordura de los funcionarios nacionales. Hace treinta años los constituyentes incorporaron el artículo 42 a nuestra Carta Magna; por lo tanto, los derechos de los/as consumidores/as y usuarios/as deben ser objeto de una tutela adecuada.

Ante acusaciones vertidas en medios de comunicación, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la libertad académica en la universidad pública, así como en la defensa del derecho a la libre asociación sindical y participación gremial, que constituyen derechos humanos de raigambre constitucional y convencional.

Expresamos nuestra profunda preocupación por las manifestaciones que desde el gobierno nacional se llevaron adelante contra periodistas y medios de prensa que ponen en riesgo la convivencia democrática. El papel de la libertad de expresión en un sistema democrático es estratégico, porque facilita el control de los actos de gobierno, promueve el debate sobre los asuntos públicos, permite la información de la ciudadanía y contribuye a la conformación de la opinión pública. 

Finalmente, suscribimos nuevos convenios con el Banco Patagonia y el Banco Santander, tal como lo hicimos con el Banco Ciudad, para favorecer al conjunto de la abogacía con la financiación del pago de la matrícula.

Gracias por tu tiempo y, como siempre, estoy a tu entera disposición.