Así, ante la sanción de la ley 27.739, nuestra entidad se presentó a la Justicia solicitando la inconstitucionalidad de la normativa que obliga a los profesionales del derecho a informar a la UIF sobre las actividades de sus clientes. 

La presentación fue realizada por el Dr. Juan Pablo Echeverría, Gerente de Legales del CPACF y quedó radicada por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4 a cargo de la Dra. Rita María Teresa Ailán. 

La acción tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad parcial de la ley 27.739, el Decreto 278/2024 y las resoluciones 47/2024, 48/2024 y 56/2024 de la UIF, en cuanto alcanzan a los abogados y abogadas.