El proyecto, financiado y diseñado en colaboración con la Unión Europea (UE) e implementado conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene entre sus objetivos apoyar a los gobiernos, empresas y partes interesadas de la región para reforzar las políticas públicas relacionadas con la CER, incluyendo a la academia y al sector legal. 

La Conducta Empresarial Responsable (CER) implica que las empresas contribuyen al desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, previenen y mitigan los impactos negativos que sus actividades, cadenas de suministro o relaciones comerciales puedan causar (o contribuir a causar) sobre las personas, el planeta y la sociedad. La CER contribuye a construir un entorno empresarial saludable, cumpliendo los derechos humanos en todos sus ámbitos y con la debida diligencia para  minimizar los riesgos y responsabilidades para las empresas, asegurando que se respeten los derechos de las partes interesadas, y a crear más valor.

Asimismo, para este proyecto, los abogados desempeñan un importante papel en este contexto, ya que con frecuencia asesoran a sus clientes empresariales, comerciales o corporativos en cuanto a la medida en que los Principios Rectores están incorporados o reflejados en los requisitos legales públicos, comerciales y financieros, o en el propio marco de la política y gobernanza interna del cliente. 

Participaron del encuentro Germán Zarama, Policy Analyst and Focal Point for Latin America: OECD Centre for Responsible Business Conduct, Mariana Ahualli - Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  Jaime Godoy ,  Coordinador Proyectos CONO SUR - Organización Internacional del Trabajo,  Olga Orozco, Programer Manager,  y Darío Campidoglio, Director de la Escuela de Posgrado del CPACF.