En el documento que lleva la firma de Ricardo Gil Lavedra y Juan José Lasalle, se deja en claro que “los procesos sucesorios deben ser tramitados exclusivamente en el ámbito jurisdiccional por los jueces designados antes del fallecimiento del causante”. 

En ese sentido, se afirma que “sólo la intervención de un juez puede proporcionar certeza y seguridad jurídica a los interesados y a la sociedad toda”, al tiempo que se agrega que “la función judicial no puede ser delegada ni privatizada”. Para ambas entidades, está claro que “pueden introducirse mejoras en el trámite y en el costo de esos procesos”. 

Asimismo, se solicitó que en el caso de que comience el tratamiento del proyecto, tanto el Colegio Público como la FACA, sean escuchados en las audiencias que a tal efecto se convoquen.