Las disposiciones adoptadas establecen pautas específicas de admisibilidad, extensión, autosuficiencia y fundamentación recursiva que inciden de manera directa en el ejercicio profesional de abogados y abogadas litigantes ante los tribunales de la Ciudad.

En ese marco, corresponde señalar que la propia acordada no establece expresamente cuáles son las consecuencias derivadas del eventual incumplimiento de tales recaudos formales. Aun cuando pudieran existir observaciones respecto del modo de presentación de los recursos, ello jamás debería traducirse el rechazo automático que afecte el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.

Sin perjuicio de la dudosa competencia del Tribunal para dictar reglamentaciones de esta naturaleza, se hace necesario el intercambio técnico con la abogacía organizada, particularmente cuando las regulaciones adoptadas poseen incidencia directa sobre el ejercicio profesional y el acceso a la jurisdicción local. Ello, en tanto la Ley 23.187 le asigna expresamente al Colegio Público funciones vinculadas con el gobierno de la matrícula, la defensa del ejercicio profesional y la intervención en cuestiones de interés jurídico e institucional.

La participación de la abogacía en este tipo de debates no constituye una cuestión corporativa ni protocolar. Forma parte de una concepción republicana del funcionamiento judicial, en la que las transformaciones relevantes del sistema de administración de justicia se enriquecen a partir del diálogo institucional y de la pluralidad de perspectivas técnicas.

Por ello, el Colegio Público ratifica su vocación de colaboración institucional y pone a disposición del Tribunal Superior de Justicia la experiencia técnica de la abogacía para contribuir al análisis y perfeccionamiento de aquellas regulaciones que inciden directamente sobre el ejercicio profesional y el acceso efectivo a la justicia.