Hola, vuelvo a tu encuentro con este newsletter que nos permite tener un espacio de comunicación institucional para que estés al tanto de las actividades que se desarrollan a diario y, a la vez, conocer las posiciones públicas que asumimos desde el CPACF. 

Quiero contarte que hace unos días envié una nota al titular de la Corte Suprema expresándole nuestra preocupación por la reiterada inobservancia por parte de algunos tribunales que regulan honorarios profesionales por debajo de los mínimos establecidos. Estamos aguardando respuesta al respecto, y te voy a tener al tanto de la misma.

A fines de junio fui invitado por el Senado de la Nación para exponer sobre los ocho proyectos de ley modificatorios de la integración de la Corte Suprema. Allí, ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales, señalé que era inconveniente  en este contexto de falta de confianza en la justicia modificar nuevamente el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, inevitablemente la gente lo tomaría como una “necesidad política”, no técnica. Además, si la Corte no puede dividirse en Salas, como yo creo, el número de jueces y juezas no debería ser muy elevado para evitar una circulación excesiva.  Asimismo,  subrayé mi acuerdo con la necesidad de tener en cuenta al género y al federalismo en la integración,  tópicos que se encuentran incluidos en la mayoría de las iniciativas que tienen tratamiento parlamentario.

Dada la entrada en vigencia del sistema acusatorio adversarial en la jurisdicción de las Cámaras Federales en lo Criminal y en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires, instrumentamos el Programa de Capacitación y Seguimiento, y además, nos reunimos con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Allí, transmití nuestro respaldo a la reforma, y la voluntad de cooperar en este cambio del sistema de enjuiciamiento criminal. También reclamé que se asegure el acceso pronto de los abogados y abogadas a la información contenida en el legajo fiscal, como elemento clave para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa. Quedamos con la agenda abierta para próximos encuentros.

Nuevamente, desde el Colegio Público manifestamos nuestro rechazo al recurrente uso del concepto “industria del juicio”, que busca demonizar el ejercicio profesional de la abogacía laboralista y cuestiona el rol del Derecho del Trabajo en nuestro orden jurídico. Frente a ello, reafirmamos que la existencia de un fuero laboral constituye una garantía para la tutela efectiva de derechos en una relación jurídica estructuralmente desigual.

No me canso de reiterar que la abogacía desempeña un rol esencial en el acceso a la justicia, la defensa de derechos y la preservación de la legalidad. Estigmatizar su labor, contribuye a degradar el debate público y debilitar la institucionalidad.

Finalmente, estoy orgulloso de anunciarte que vamos a publicar una revista interactiva, en formato digital, para canalizar la difusión y análisis de doctrina y jurisprudencia. Nos hacía falta…

Y como siempre, a solo un click, te sugiero leas nuestra propuesta de capacitaciones (la feria nos brinda un poco más de tiempo para la formación), y que no te pierdas de ponerte al día con los nuevos beneficios exclusivos del Colegio Público.

Gracias por tu lectura, y quedo a entera disposición.--