El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Defensoría General de la Nación firmaron un acuerdo de cooperación por medio del cual se comprometieron a evitar que las personas queden excluidas del acceso al servicio de justicia por insuficiencia de recursos económicos u otras causas de vulnerabilidad, poniendo en marcha un sistema de asesoramiento para aquellos ciudadanos que presenten barreras, objetivamente comprobables, en el marco de acciones de daños y perjuicios que tramiten o deban tramitar ante el fuero civil y/o comercial y/o contencioso administrativo, nacional o federal –con asiento en la Ciudad de Buenos Aires-

Durante la firma del acuerdo la Defensora General, Dra. Stella Maris Martínez, aseguró que el convenio es “una muestra más de la colaboración que existe entre el organismo que representa y el CPACF con el objetivo de terminar con las barreras que impiden el acceso a la Justicia de la población”. Asimismo, aclaró que se trabajará sobre casos puntuales, en donde “el recupero de dinero sea nulo o muy exiguo”, acciones que “usualmente no generan el interés de los abogados”.

Por su parte, la Vicepresidente del Colegio Público, Dra. Laura Calógero, resaltó la importancia del convenio, al tiempo que explicó que en una primera etapa los casos se resolverán por medio del consultorio público gratuito, aunque no descartó que en el futuro se pudiera realizar algún tipo de sistemas de consultas tal como se hace con el Propaque. 

Según consta en el documento, las consultas y solicitudes de patrocinio relativas a acciones de daños y perjuicios promovidas o a promoverse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en que resulten actores o demandados personas que reúnan los requisitos objetivos de situación de pobreza o vulnerabilidad, serán canalizadas a través del CPACF. A tal efecto, en caso de resultar necesario, el Ministerio Público de la Defensa adoptará las previsiones necesarias para la oportuna derivación de dichos casos.