La Justicia Federal resolvió admitir la tramitación como proceso colectivo de la acción de amparo promovida por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) contra el Estado Nacional, mediante la cual se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, incorporados en el marco de la reforma laboral.

En la resolución, el juez federal Martín Cormick sostuvo que la demanda reúne los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la tramitación de un proceso colectivo, al verificarse una afectación común sobre un universo determinado de personas. Asimismo, reconoció la legitimación del CPACF para representar a los abogados y abogadas matriculados que litigan en el fuero del Trabajo, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley 23.187 para la defensa del libre ejercicio profesional.

La acción impulsada por el Colegio cuestiona la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 27.802, que modifica el régimen de la pluspetición inexcusable al incorporar la posibilidad de responsabilizar solidariamente a los profesionales por las costas procesales en supuestos de sobreestimación objetiva de los créditos reclamados. También impugna el artículo 56, que permite el pago en cuotas de las sentencias laborales y, en consecuencia, de los honorarios profesionales, por considerar que afecta el derecho a una retribución justa y establece un tratamiento diferenciado respecto de quienes ejercen la profesión en otros fueros.

En su decisión, el magistrado destacó que el colectivo alcanzado por este proceso está integrado por los abogados y abogadas matriculados ante el CPACF que litigan en el fuero laboral, por lo que ordenó la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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