El 3 de junio de 2015, la sociedad argentina salió a la calle bajo una consigna que marcó un límite: Ni Una Menos. La movilización surgió como respuesta al hartazgo frente a los femicidios y a la falta de respuestas eficaces ante una de las formas más extremas de violencia contra mujeres y niñas.

A once años de ese acontecimiento, los casos recientes de Belén y Agostina vuelven a interpelar a la sociedad. También ponen en evidencia la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales frente a una problemática que sigue teniendo consecuencias graves y persistentes.

Desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la promoción de acciones destinadas a garantizar la protección efectiva de mujeres y niñas, así como el acceso a la justicia.

La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos. Así lo reconoció la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. En esa oportunidad, afirmó el carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos de las mujeres y reclamó mecanismos eficaces para eliminar la violencia y la discriminación.

En la misma línea, la Convención de Belém do Pará establece el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia. Además, dispone la adopción de medidas estatales para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

Por su parte, la Ley Nacional 26.485 establece un marco de protección integral para abordar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Su implementación efectiva requiere políticas públicas adecuadas y sostenidas en el tiempo.

Asimismo, el Colegio asume la responsabilidad institucional de contribuir a la formación de abogados y abogadas. Para ello, promueve conocimientos específicos sobre la normativa vigente y herramientas adecuadas para intervenir frente a una problemática compleja y multicausal.

Este 3 de junio renovamos nuestro compromiso con la plena vigencia de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y los instrumentos internacionales de derechos humanos.