Este Colegio entiende que el criterio adoptado por la mayoría resulta errado jurídicamente y sumamente perjudicial  para la matrícula en su conjunto.

 

Por una parte, tal como señala con acierto la disidencia de la jueza Marcela Pérez Pardo, las cuestiones vinculadas a honorarios profesionales son siempre apelables con independencia del monto comprometido, según lo establece la letra expresa del Código Procesal (arts. 242 in fine y 244). El fallo de la Cámara implica hacer prevalecer una interpretación extensiva y analógica contra la letra expresa del Código, lo que configura arbitrariedad de sentencia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Por otra parte, y como ha sostenido este Colegio en otras ocasiones, el art. 730 del Código Civil y Comercial (que limita la regulación de honorarios a un 25% del monto del juicio) limita indebidamente la retribución del trabajo de los abogados y abogadas, en violación del art. 14 bis de la Constitución Nacional y de las competencias del Congreso Nacional. Limitar el tratamiento de este planteo invocando razones formales resulta totalmente improcedente, y deja de lado el carácter alimentario que tiene la retribución de los abogados y abogadas.

 

El Colegio Público reitera la necesidad de revisar, por vía judicial o legislativa, el art. 730 del Código Civil y Comercial, y ratifica su compromiso con la defensa de los honorarios profesionales, tanto para preservar la dignidad de quienes ejercemos la abogacía como para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, del cual los abogados y abogadas somos parte indispensable.