Por una parte, la prohibición colectiva de entrada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada representa un acontecimiento inédito en la historia democrática argentina. La mera sospecha de que un periodista individual pudo haber incurrido en una conducta inadecuada o ilegal, no puede acarrear consecuencias para terceros. La  responsabilidad colectiva por el hecho de otro, es contraria a cualquier concepción liberal del derecho que nuestra Constitución Nacional manda a defender.

Por otra parte, a esta medida siguieron ataques retóricos desmesurados e inapropiados por parte del propio Presidente de la Nación, incluyendo insultos y amenazas a periodistas  identificados con nombre y apellido. Estas actitudes tienen el propósito inequívoco de intimidar voces críticas de modo de inhibir el debate democrático. Los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en nuestro país han establecido un deber especial de precaución en los funcionarios públicos, condenando especialmente este tipo de intimidación desde la cúspide del poder político como una lesión a la libertad de expresión.

La libertad de expresión constituye uno de los derechos básicos de cualquier régimen democrático, es preciso que las autoridades públicas entiendan que a ellas les cabe la obligación de tutelarla y fortalecerla, no de restringirla.