La propuesta avanza en un punto clave: reducir la discrecionalidad política en la etapa del Consejo de la Magistratura y fortalecer la evaluación basada en la idoneidad técnica y el mérito. Esa es la función propia de esa instancia.

El proceso de designación de magistrados constituye un acto complejo en el que intervienen los tres poderes del Estado, lo que naturalmente implica la presencia de consideraciones de distinta naturaleza. En ese marco, resulta fundamental que la etapa de concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura se desarrolle sobre la base de criterios técnicos, objetivos y de mérito, asegurando que la evaluación de los candidatos priorice su idoneidad profesional.

En ese sentido, la incorporación de criterios objetivos, reglas claras y mecanismos que limitan la discrecionalidad constituye un paso importante para mejorar el sistema.

También resulta positivo el reconocimiento del ejercicio profesional como antecedente relevante, lo que contribuye a una mayor equidad en la participación de los abogados.

En el contexto actual, fortalecer procesos de selección más transparentes y basados en el mérito es fundamental para consolidar una justicia independiente e imparcial.