De este modo, el tribunal dejó sin efecto el fallo dictado por la jueza Loretta Preska y confirmó la desestimación de los reclamos contra el Estado Argentino, en un litigio que se extendió durante más de una década.

En su resolución, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson dispusieron revocar la sentencia dictada contra la República, confirmar la desestimación de los reclamos y devolver el caso para la continuación del trámite conforme a lo resuelto.

En este contexto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, junto a otros destacados juristas de nuestro país, tuvo una participación institucional relevante al presentarse como amicus curiae en apoyo de la República Argentina en los, expedientes “Petersen Energía Inversora, S.A.U. v. Argentine Republic, S.D.N.Y. y “Eton Park Capital Management L.P. v.  Argentine Republic”, aportando argumentos jurídicos vinculados al derecho argentino aplicable al caso.

Dicha intervención se produjo a partir de la solicitud formulada por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Rodolfo Carlos Barra, quien convocó al Colegio a colaborar en el proceso judicial en curso ante los tribunales de los Estados Unidos.

Tal como surge de la resolución institucional correspondiente, se consideró que la participación del CPACF podía contribuir a una mejor comprensión del derecho argentino por parte de la jurisdicción extranjera, en particular en lo referido al régimen societario, la competencia de los tribunales locales y la interpretación de las normas aplicables al proceso de expropiación. 

En esa línea, el aporte del Colegio se orientó a brindar elementos técnicos que permitieran contextualizar adecuadamente el marco jurídico argentino en un litigio de alcance internacional, con el objeto de enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con fundados argumentos de carácter jurídico, técnico y científico, relativos a las cuestiones debatidas en la etapa procesal de la apelación deducida contra la sentencia dictada por la jueza Preska.

La intervención como amicus curiae se inscribe en las funciones propias del CPACF, vinculadas al estudio, la difusión y la defensa del derecho, especialmente en causas de alta trascendencia institucional.