Recordamos que toda reforma en materia laboral debe respetar el bloque de constitucionalidad federal y los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras, resguardando especialmente los principios protectorio y de progresividad que estructuran el Derecho del Trabajo.

Afectación directa al ejercicio profesiona

Advertimos que las modificaciones propuestas a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 introducen cambios que impactan de manera directa en el ejercicio de la abogacía laboral.

En particular, cuestionamos la incorporación de la figura de la “pluspetición inexcusable” con un criterio objetivo, que podría derivar en la responsabilidad solidaria del/de la letrado/a por el pago de costas ante supuestas sobreestimaciones de créditos reclamados. La ambigüedad del concepto genera un riesgo patrimonial directo para quienes ejercen la defensa técnica de los derechos laborales y establece un trato diferencial respecto de otras ramas del derecho.

Asimismo, manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de habilitar el pago en cuotas de sentencias laborales, incluyendo créditos de naturaleza alimentaria y honorarios profesionales, lo que colocaría a trabajadores/as y abogados/as en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales.

Defensa del rol de la abogacía

Advertimos también que la limitación en materia de costas, en combinación con el principio de gratuidad vigente en el fuero laboral, podría traducirse en una restricción directa al derecho de percepción de honorarios, desalentando el ejercicio profesional en la materia.

Solicitamos a los/as Diputados/as que, en el tratamiento del proyecto, ponderen las implicancias institucionales de estas reformas, que no sólo impactan en el ejercicio independiente de la abogacía, sino también en la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y en la preservación del Estado de Derecho. 

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