Frente a ello, el Colegio Público de la Abogacía desmiente esa sospecha y remarca el papel fundamental que desempeñan las abogadas y los abogados en el reconocimiento de derechos vulnerados, afianzando el imperio de la ley y preservando, de ese modo, la paz social.

Pretender responsabilizar a las abogadas y abogados laboralistas de la precaria situación económica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en nuestro país e inclusive de la pérdida de fuentes de trabajo, significa un completo desconocimiento de los motivos que ocasionan la ausencia de la competitividad que nuestro mercado laboral ofrece a la hora de anclar inversiones.

Como punto de partida, la elevada proporción de empleo no registrado o subregistrado no guarda relación alguna con los niveles de inicio de litigios laborales, éstos últimos representan- en promedio- poco más del tres por ciento del total de puestos de trabajos con deficiencias registrales que habilitarían la controversia.

En segundo lugar, la responsabilidad por la “industria de juicio” es del Poder Legislativo que establece las normas aplicables, sobre cuya base se calculan las indemnizaciones, y de los jueces que llevan adelante los procesos donde éstas se aplican.

Las ausencias de reglas claras con disposiciones legales certeras y adecuadas a la realidad laboral que vivimos, así como la inexistencia de resoluciones judiciales que preserven la seguridad jurídica derivan en la conformación de un marco errático e imprevisible. Hay que sumar el defectuoso funcionamiento del servicio de justicia agobiado por la falta de cobertura de numerosas vacantes de jueces, por la carencia de recursos y de los medios necesarios, y por la inexistencia de incentivos para conciliar procesos que tienen una duración inadmisible, no menos de seis o siete años de promedio. Estas circunstancias deberían merecer la atención de los discursos y proyectos políticos.

Los abogados y abogadas ejercemos una profesión que se asienta en el derecho de cada ciudadano a obtener del Estado el reconocimiento de los beneficios que las leyes le acuerdan cuando son vulnerados. Un rol fundamental y necesario para la plena vigencia del Estado de Derecho.

Por todo ello es que solicitamos a la dirigencia que promueva las soluciones y herramientas jurídicas eficaces para combatir el desempleo, crear más puestos de trabajo e impulsar el desarrollo sostenido.