Ante recientes declaraciones públicas de las máximas autoridades políticas del país, que ponen en duda la independencia e imparcialidad de las/los juezas/ces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales inferiores, corresponde señalar que cualquier cuestionamiento al acierto de las decisiones judiciales o a la conducta de las/los magistradas/os encuentra su subsanación en el derecho positivo argentino o, incluso, a través del sistema convencional de protección de los derechos humanos.

En cambio, deslegitimar públicamente a las/los juezas/ces, aprovechando la alta investidura que confiere el voto popular, no hace más que desprestigiar la función judicial, así como también socavar la confianza y la credibilidad de la sociedad en su sistema de justicia.

No hay democracia posible sin una justicia creíble y eficaz. Todos los ciudadanos y las ciudadanas, y especialmente las/los funcionarias/os públicas/os, debemos contribuir al respeto que merecen las decisiones de las/los juezas/ces y a fortalecer la percepción popular en la  independencia e imparcialidad del poder del Estado que imparte justicia en su nombre. El Estado de derecho vigente en la República Argentina contempla los mecanismos adecuados para anular o modificar las sentencias que no se ajusten a la ley y, asimismo, para separar a aquellas/os magistradas/os que incurran en mal desempeño de sus funciones. Ese es el camino que corresponde, no el de la denostación pública.