Entre esas miles de víctimas se encuentran numerosos abogados y abogadas por su compromiso en la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

En este aniversario renovamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y garantías amparados por nuestra Constitución en el convencimiento además, de que la continuación de los juicios en curso para la investigación y sanción de los crímenes del terrorismo de Estado y la apertura y difusión pública de los archivos secretos de la represión resultan una exigencia elemental del actual sistema democrático junto con el irrestricto respeto en el presente de esos derechos y garantías que tanto esfuerzo costaron al pueblo argentino.

Asimismo recordamos el compromiso del Estado argentino respecto del cumplimiento de las penas impuestas respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la vigencia del sistema de terrorismo de Estado iniciado a partir del 24 de marzo de 1976, destacando que el modo de cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria no puede ser la regla sino una excepción legal de apreciación restrictiva.

En ese marco entendemos que este nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 debe servir también para reafirmar la vigencia del Estado de Derecho y en particular la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente alejado de cualquier presión política o mediática y cumpliendo su tarea dentro de los marcos constitucionalmente establecidos”.