Institucional

EL GOBIERNO Y SU PELIGROSO REGISTRO DE TRABAJADORES Y ABOGADOS

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifiesta su honda preocupación por la Resolución 760/2017 y su Anexo I  de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina del día 3 de agosto de 2017.

En tal sentido, el Anexo I de la mentada Resolución obliga a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), Empleadores Autoasegurados (E.A.) y a las A.R.T. Mutual a elevar un informe detallado de los nombres y CUIT de los abogados que interpongan planteos judiciales que pretendan la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27348 que instauró el nuevo sistema de riesgos del trabajo, el que se encuentra fuertemente cuestionado tanto por nuestra Institución como por parte de muchos profesionales ante la Justicia del Trabajo, así como de todas las novedades que se desarrollen en las actuaciones referidas.

En modo alguno la norma específica la pretensa utilidad del registro que instaura, dado que una mera recopilación de datos no sólo no sirve al análisis de problemática alguna sobre el sistema sino que manifiesta, en modo evidente,  el conocimiento acabado por parte del Ministerio de los profesionales y jueces que se pronuncien en contra de la normativa impuesta a través de la ley 27.348, menoscabando así el derecho de los profesionales a ejercer libremente su profesión, evitando no sólo la injerencia del Estado sino la conversión de éste en un ente vigilante que no sólo amenaza la libertad de trabajar de los colegas sino también la de los trabajadores que acuden ante la Justicia en amparo de sus derechos y de los mismos magistrados al dictar sus sentencias conforme a Derecho.

Va de suyo pues que la normativa indicada violenta prima facie el art. 14 y  14 bis de la Constitución Nacional, la ley 25.326 y 23.187 así como de todos los tratados suscriptos por la República Argentina en materia de Derechos Humanos. Por ello, y porque nuestra obligación es la salvaguarda de los principios constitucionales, la defensa irrestricta de los profesionales de nuestra matrícula y del Estado de Derecho, exhortamos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a dejar sin efecto la Resolución 760/2017 y su Anexo I y a evitar, en lo sucesivo, el dictado de normas atentatorias al orden constitucional y que apuntan a cercenar los derechos de los más vulnerables como lo es el colectivo de los trabajadores.

Nuestro Recuperado Colegio cumple.

Jorge Rizzo
Presidente CPACF

  • 04-08-2017