Estimamos que los derechos elementales a la vida, la libertad y la integridad, que son la base del respeto por la persona humana, deben completarse con los derechos civiles y políticos, los de contenido económico-social y los derechos de los pueblos a su autodeterminación y la paz.

También remarcamos la importancia de que esos derechos sean reconocidos en la leyes y los instrumentos internacionales tuitivos de los mismos, pero también que ellos estén efectivamente vigentes, sean respetados y que funcionen los mecanismos institucionales para reclamar en caso de desconocimiento o violación.

Los abogados, como trabajadores del Derecho, reconocemos los avances registrados en nuestro país en los últimos tiempos, así como que la reivindicación de los Derechos Humanos y de la memoria histórica se hayan constituido en políticas de estado y se hayan impulsado los juicios a los responsables de los crímenes del terrorismo de estado cometidos en el pasado reciente, encomiable actitud que ha conllevado el reconocimiento mundial hacia nuestro país.

Valoramos los pasos positivos y también señalamos la preocupación por la violencia institucional, la situación carcelaria, la criminalización de la protesta, la judicialización del conflicto social, la ley “antiterrorista” y otros aspectos en que nos hemos pronunciado oportunamente, respecto de las libertades públicas y los derechos propios de la República.

Renovamos nuestro compromiso con la defensa de tan Altos Valores.