El Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del Poder Judicial de la Nación, Dr. Juan Carlos Dupuis, y la Dra. Beatriz Arean, magistrada del mismo Tribunal, recibieron a una delegación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, integrada por su Presidente, Dr. José Roberto López, su Secretaria General, Dra. Graciela María Montenegro y la Dra. Adriana O. Donato, miembro del Tribunal de Disciplina y candidata a integrar el Consejo de la Magistratura Nacional, a quienes acompañaba el Director del Instituto de Derecho de Familia de nuestro Colegio, Profesor Dr. Marcos M. Córdoba. 

El motivo de la reunión resulta de una nota que fue remitida por nuestra institución al mencionado Tribunal, con motivo de la preocupación expresada por el Instituto de Derecho de Familia, resultante de la investigación efectuada respecto de las consecuencias de la aplicación del plenario que el tribunal de referencia dictó el 28 de febrero de 1995, del que resulta que “Con posterioridad a la vigencia de la ley 23.928 no son legalmente admisibles los dispositivos de reajuste automático de las cuotas alimentarias, en función de los índices que reflejen la depreciación monetaria”.

Se expuso allí que tal interpretación, dada la modificación de las circunstancias derivadas del actual proceso inflacionario, causaba la insatisfacción de aquellas personas que mediante prestaciones alimentarias fijadas en dinero deben recibir lo necesario para su subsistencia. La representación de nuestro Colegio expuso que en tales circunstancias no se trata de aumento de alimentos sino tan sólo del mantenimiento de la equivalencia de la prestación alimentaria. Los magistrados Dupuis y Arean expresaron que la cuestión también ha despertado el interés de magistrados, tanto de la primera como de la segunda instancia del fuero, por lo que resulta necesario atender la cuestión sin producir una alteración del orden legal establecido. El Dr. López informó que en tales circunstancias debiera ilustrarse a los letrados respecto de la posibilidad de planteos de inconstitucionalidad.

Por su parte Córdoba agregó que el sistema constitucional argentino, al no admitir la declaración de inconstitucionalidad con otra consecuencia que no sea la de provocar la ineficacia de la norma en su aplicación en una relación determinada, no era apta para producir una solución de aplicación general, y que por ello creía conveniente el análisis conjunto que de la cuestión pudieran realizar los integrantes de la Comisión de Familia del fuero y los del Instituto de Derecho de Familia de nuestra institución. La reunión resultó demostrativa de la persecución de objetivos comunes de los participantes en cuanto a la obtención de resultados de justicia.

Las autoridades de nuestro Colegio en la oportunidad agregaron propuestas de mejoras de servicios para los letrados en los edificios tribunalicios y la preocupación derivada por regulaciones de honorarios por montos que resultan agresivos al reconocimiento del valor de la tarea solidaria de quienes se desempeñan en la defensa de derechos de terceros.

Todos los planteos fueron escuchados con atención y analizados, asumiendo los presentes la necesidad de comunicación fluida en la búsqueda del ya mencionado objetivo común de prestación de justicia.