Al momento de tomar la palabra Calógero afirmó que la cuestión que se debate en la causa “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc s/ daños y perjuicios”, es  “una materia trascendente de estudio” dado que la función del CPACF “no es solo estudiar el Derecho, sino también contribuir al mejoramiento de la Justicia en general”.

Al referirse sobre el hecho aseguró que "la libertad de expresión y de acceso a la información son garantías constitucionales que desde el Colegio Público queremos poner en resalto y mantener en  lo alto”. En esa línea opinó que  cualquier limitación a éstos puede generar  “censura en el más amplio sentido ”, al tiempo que aclaró que “nadie puede obviar la responsabilidad que tiene cualquier sitio de internet al publicar una información falsa o que genere perjuicios a un tercero”.

Sobre los buscadores destacó que estos “son una herramienta que permiten acceder a un contenido que está en una web determinada y no son responsables de la información que se publica en los sitios porque es materialmente imposible que un software clasifique o filtre la información como falsa, agraviante o inexacta".

“Nosotros no estamos de acuerdo con limitar las búsquedas, porque atenta contra la libertad de expresión, sin perjuicio de que cada uno será responsable de lo que publique. También es un cercenamiento al libre acceso a la información de los ciudadanos ” aseveró Calógero. 

Tras la exposición del CPACF, lo hicieron el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el especialista en informática Raúl Martínez Fasalari , el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el  titular de la Dirección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, Esteban Ruiz Martínez.

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará el 29 de mayo próximo, desde las 10, en el caso, se encuentra en tela de juicio la existencia y alcance de la responsabilidad aplicable a los buscadores de internet, cuya actividad permite la vinculación o enlace con sitios o páginas web en los que se suministran contenidos que pueden afectar la dignidad, honor, intimidad o imagen de las personas.

El conflicto se plantea entre las cláusulas constitucionales que protegen la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de una industria lícita, con las normas de igual jerarquía que tutelan los derechos de las personas, en especial su ámbito de privacidad.