Como institución dedicada a la promoción y defensa de la justicia, repudiamos los hechos que son de dominio público, haciendo un llamado a las máximas autoridades para que redoblemos esfuerzos en la erradicación de este flagelo social.

Es además alarmante el efecto demoledor que alcanzan estos hechos cuando son ejercidos desde lo más alto de los poderes públicos, desprestigiando la política en su conjunto, dañando el proceso de cuarenta años de continuidad democrática.

Desde nuestro rol, continuamos con el trabajo activo en la formación y capacitación de abogados y abogadas para que puedan brindar asistencia legal efectiva a las víctimas, colaborando también en la implementación de políticas públicas que garanticen una respuesta integral y adecuada.

En la misma línea este Colegio recientemente señaló su “profunda preocupación por la reciente eliminación de áreas y dependencias oficiales encargadas de llevar a cabo políticas y programas de prevención en materia de violencia de género”, exhortando al Poder Ejecutivo a asegurar el estricto cumplimiento de los convenios internacionales y las leyes nacionales para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer.