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Tribunal de Disciplina

Jurisprudencia. Tribunal Disciplina. CPACF.

Independencia de las acciones penales y disciplinarias.

El Colegio Público tiene a su cargo el gobierno de la matrícula de los abogados y la protección de la libertad y dignidad de la profesión, así a través de una ley del Congreso que de manera alguna altera o restringe las garantías constitucionales.

El derecho disciplinario se distingue del derecho penal pues, este último, tiene como función proveer a la seguridad jurídica mediante la coerción penal de carácter específicamente preventivo y no reparador.

El derecho disciplinario se ocupa de normas que prescriben sanciones para los integrantes de un cuerpo u organismo y tiene como objetivo su buen funcionamiento para lo cual se vale de sanciones tendientes a reparar la imagen lesionada del organismo o de sus integrantes.

La independencia de las acciones penales y disciplinarias se encuentra, asimismo, plasmada en la ley 23.187 al condicionar la sanción de exclusión de la matrícula al supuesto de haber sido condenado el letrado por un delito doloso que por las circunstancias del caso afecte el decoro y ética profesional (art. 45 inc e) apartado 2°).

Juzgar la conducta delictuosa de una persona es distinto a juzgar si su comportamiento ha violado o no una norma moral o ética (Voto del Dr. Liporace).

La circunstancia de una condena penal no es óbice para la aplicación de una sanción administrativa contemporánea o posterior cuya finalidad y naturaleza es inconfundiblemente diferente, pues estando referidas a los mismos hechos, no colisionan entre sí, ni afectan el principio del 'non bis in idem'.

La condena penal no es revisable por este Tribunal, pero sí está habilitado para aplicar la sanción correctiva por la grave falta ética cometida (Voto del Dr. M. Poliak).

El derecho disciplinario que tiende al correcto ejercicio de la profesión de abogado puede llevarse a cabo en forma concurrente con la facultad punitiva de la justicia criminal, se trata de tutela de bienes jurídicos diferenciados y sujetos a principios propios en cada una de las sedes penal y administrativa.

Los hechos dolosos ya juzgados en sede penal se tienen en cuenta en este proceso disciplinario sólo como antecedentes para la aplicación de la sanción a decretarse contra el imputado (art. 45 in fine de la ley 23.187) (Voto del Dr. Isidoro Goldemberg).

La condena penal no sería por sí misma suficiente para la exclusión de la matrícula, tal extremo se relaciona con los antecedentes (sanciones disciplinarias) y con la ofensa al decoro y a la ética que implica haber retenido indebidamente sumas y valores que pertenecían a quienes habían depositado en el abogado su confianza (Voto Dr. Ernesto Repun).

La circunstancia de que se aplique una sanción de carácter penal a un abogado en ejercicio de la profesión no implica que no se produzca la autonomía de las acciones disciplinarias diferenciadas del derecho penal, así lo ha sostenido la CNACAF expte 15254/96 'las facultades disciplinarias conferidas al Tribunal Disciplinario del Colegio Publico de Abogados por ley 23.187 tienen un objetivo amplio que es el de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional. Como prescribe el art. 43 el poder sancionador es independiente de la responsabilidad civil, penal, o administrativa que pueda imputarse a los matriculados...' (Voto del Dr. Miguel Ángel Sánchez Marincolo). Tribunal de Disciplina en pleno - Causa 4514 del 29/11/00 - 'Jorge Abel Goodbar'.

Fuente / Autor: Tribunal de Disciplina / Tribunal de Disciplina.

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